Stay informed about the issues you care about
Sign up for Illinois Answers’ free weekly newsletter to get our latest stories delivered to your inbox every Tuesday morning.
Los activistas de La Villita pasaron más de una década peleando contra un par de plantas de carbón locales que crearon una de las peores condiciones de contaminación ambiental en Chicago, un esfuerzo que dio frutos cuando las plantas cerraron en el 2012.
El alcalde Rahm Emanuel, quién se tomó el crédito por el cierre de las plantas, prometió que cualquier negocio que fuese a reemplazar las plantas sería más respetuoso con el medio ambiente y la comunidad y que los residentes iban a estar involucrados.
Así que los miembros de la comunidad se indignaron a principios de este año cuando se enteraron que el sitio de una de las plantas iba a ser reemplazado por un gran almacén para tiendas virtuales como Amazon, el cuál ellos temen va a atraer a diario cientos de camiones contaminantes con motores diésel. Ellos también se pusieron a trabajar.
En un esfuerzo sin precedentes, una coalición de activistas de La Villita y barrios del sur y sureste están exigiendo que la municipalidad implemente las llamadas “reformas basadas en justicia ambiental”, las cuales alterarían la forma en que los funcionarios deciden qué áreas en la ciudad deberían albergar a la mayoría de las empresas industriales y manufactureras.
El movimiento se desarrolla justo cuando una planta de reciclaje de metales y chatarra está planeando mudarse de Lincoln Park al sureste de la ciudad y una planta de asfalto apareció de la noche a la mañana frente a McKinley Park al sur de Chicago. Los esfuerzos también progresan paralelamente a un nuevo plan de $5 mil millones para el desarrollo de Lincoln Park, donde uno de los últimos distritos manufactureros de ese vecindario va a convertirse en casas y oficinas lujosas y posiblemente en la aclamada sede corporativa de Amazon.
“Es el racismo ambiental, así es como me siento”, dijo Cristina Martínez, quien lleva años viviendo en McKinley Park, después de una reunión comunitaria a fines de julio sobre la planta de asfalto que abrió sin que los residentes del vecindario hayan sido consultados.
La Villita, McKinley Park y el sureste de la ciudad tienen altas concentraciones de residentes latinos y una gran proporción de residentes de bajos ingresos.
El 85 por ciento de la población de La Villita es latina, mientras que en la comunidad de East Side al sureste de la ciudad es casi un 80 por ciento latina, según cifras del censo. McKinley Park es casi un 59 por ciento latino.
Las tres áreas son consideradas por las definiciones del gobierno estatal y federal como comunidades de “justicia ambiental”, un término usado para enfocar la atención en áreas que históricamente han aguantado altos niveles de contaminación.
La coalición de activistas desearían ver cambios que incluyen actualizaciones en las reglas de zonificación de la ciudad para exigir una mayor vigilancia y el fortalecimiento de las normas sobre riesgos ambientales y de seguridad antes de que los proyectos sean aprobados.
Una de las líderes del movimiento es Kimberly Wasserman, directora ejecutiva de la organización de justicia ambiental de La Villita, el mismo grupo que por más de una década luchó para que las plantas de carbón salieran de sus vecindarios.
“Los impactos de los usos actuales del terreno como el almacenamiento, la distribución y los usos de la industria del transporte terrestre ya han impactado negativamente la calidad de vida de quienes se mueven por el vecindario diariamente”, escribió el grupo de Wasserman en un informe entregado recientemente a funcionarios municipales.
Además de una regulación más estricta, dijo Wasserman, los grupos quieren que la ciudad reconsidere cómo percibe los llamados barrios industriales y comience a alentar y cultivar negocios pequeños y respetuosos con el medio ambiente para que se trasladen a esas secciones de la ciudad.
“Se ha cometido suficiente injusticia en diferentes comunidades”, dijo Wasserman. “Estamos comenzando a luchar”.
Los esfuerzos de los activistas están ocurriendo a medida que la ciudad ha comenzado a reevaluar las más de dos docenas de corredores oficialmente designados como industriales en un esfuerzo por reconocer que el panorama de la ciudad está cambiando.
Pero hay ironía en los cambios. El declive de la base manufacturera histórica de la ciudad y el cierre de fábricas de acero altamente contaminantes han contribuido, en gran medida, a la difícil situación económica de los barrios del sur y sureste de la ciudad. Ahora, esos mismos barrios se encuentran en el centro de las nuevas batallas contra la industria sucia.
Si bien es cierto que esos corredores industriales aún incluyen las industrias manufactureras tradicionales, la ciudad, en su reevaluación, está supuesta a reconocer el “carácter cambiante” del empleo, que incluye trabajos relacionados con la tecnología, así como el crecimiento del empleo relacionado con el transporte de mercancías.
La primera área de enfoque de los planificadores urbanos de la ciudad fue el corredor industrial North Branch en Lincoln Park, que en gran parte está siendo transformando en un distrito residencial, de oficinas y de entretenimiento. Igualmente, el grupo de Wasserman, conocido como LVEJO, por sus siglas en inglés, quiere que La Villita y otras áreas que han sido centros para la industria pesada también sean reconocidos como lugares donde familias viven y crían a sus hijos.
Peter Strazzabosco, el vocero del departamento de planificación urbana de la ciudad de Chicago, dijo que la reevaluación del uso de terrenos en corredores industriales apunta a “aprovechar las fortalezas de cada uno de los corredores para usos contemporáneos. En La Villita, los colaboradores locales acordaron desde el comienzo del proceso de planificación que mantener el corredor como un centro de empleos es la primera prioridad.”
Agregó que durante el proceso la ciudad “continuará planteando los impactos en la salud y el medio ambiente de las inversiones privadas que buscan aprovechar las ventajas competitivas del corredor industrial”.
Pero los activistas dicen que la ciudad ya no puede seguir aislando a toda la industria sucia en un puñado de comunidades. Aún así, hasta ahora eso es exactamente lo que han visto.
Recientemente, en el extremo sureste, General Iron, una compañía con antecedentes de violaciones ambientales y una reciente multa de los reguladores federales, anunció que se mudaría de Lincoln Park a la calle 116 del sur de la ciudad en una área industrial que ya es blanco de las quejas de los vecinos.
Mientras más plantas industriales se mudan del lado norte al lado sur y oeste, crece el resentimiento de los residentes en esas partes de la ciudad.
“Están poniendo los intereses de las empresas por encima de la salud pública”, dijo Kate Koval, una vecina del sureste, a los funcionarios de la ciudad en una reunión pública en junio para discutir la contaminación de manganeso causada por varias compañías. “Quiero mudarme pero no puedo, mi sistema de apoyo completo está aquí”.
Wasserman y otros lucharon para cerrar la planta de carbón Crawford en La Villita y la planta de carbón Fisk en Pilsen. La reurbanización del sitio de Fisk todavía está en el limbo, pero la ubicación de Crawford fue comprada por un constructor de bienes raíces, Hilco, que quiere convertirla en un almacén y centro de distribución que aumentaría considerablemente el tráfico de camiones en el área.
Una portavoz de Hilco dijo, tras ser contactada por el BGA, que la compañía está realizando un estudio de tráfico para determinar cómo sus instalaciones afectarán al vecindario. La compañía también ha dicho que tratará de limitar su impacto ambiental. General Iron por su parte señaló que “está comprometido con la responsabilidad ambiental” y promete ser un modelo para “mejorar la salud y la seguridad ambiental” en el sureste de la ciudad.
Prácticamente no hay reglas que consideren el impacto total en un área residencial de la multitud empresas que contribuyen a varios tipos de contaminación, dijo un defensor ambiental.
“Lo que están pidiendo es reformar las reglas subyacentes que dictan cómo las instalaciones industriales son incentivadas y se les permite ubicarse en ciertas áreas”, dijo Meleah Geertsma, abogada del Concilio para la Defensa de Recursos Naturales, NRDC por sus siglas en inglés, quién trabaja con comunidades de Chicago que luchan contra la contaminación.
Wasserman dijo que siente que las respuestas de la ciudad hasta ahora han sido poco más que doble lenguaje.
En La Villita, una escuela secundaria se encuentra frente a un fabricante de latas de metal que llena el aire con un fuerte olor a azufre. Una escuela primaria se encuentra justo al lado de la planta de mayonesa Unilever, de la cual cientos de camiones contaminantes con motores diésel entran y salen diariamente.
“Ningún otro vecindario debería lidiar con esto”, dijo Wasserman.
