Los funcionarios federales están preparando el censo del 2020 bajo una nube de controversia e incertidumbre sobre si los encuestadores preguntarán si todos los que viven en el país son ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, para un concurrido centro de cuidado infantil que presta servicio a familias Hispanas y Afro-Americanas en el Oeste de la ciudad de Chicago, está claro que el destino de esta pregunta puede no importar.

Las madres de los niños que han dejado de asistir al Centro de Aprendizaje, Carole Robertson, dicen que independientemente de si la polémica pregunta se mantuvo en los formularios, el daño está hecho y el clima de temor y desconfianza los ha dejado con miedo de participar en el censo del próximo año.

“Muchas personas van a esquivarla,” dijo una madre que tiene dos niños en el Centro, el cual depende en gran medida de los fondos federales que podrían estar en peligro si las familias inmigrantes y otras minorías evaden el recuento nacional a gran escala.

Una mujer, quien habló bajo la condición de no ser identificada, dijo que es ciudadana estadounidense al igual que sus hijas. Pero su esposo es indocumentado y ella teme que si participa en el censo esto llamaría la atención sobre el estatus migratorio de él, mientras la administración del Presidente Trump sigue adelante con sus políticas inmigratorias de “cero tolerancia.”

“Todo se reduce a: ¿Van a usar esto contra nosotros?” dijo.

Los comentarios de la ciudadana se produjeron ante otra ráfaga de actividad referente a este tema provocada por la Corte Suprema de Justicia y su rechazo de conceder inmediata luz verde a la cuestionable pregunta, y exigiendo a su vez, una mejor explicación. Tras resaltar la incertidumbre que expresaron la entrevistada y muchos otros, Trump respondió insistiendo en que la controversia de la ciudadanía sería parte del censo independientemente de la decision del Máximo Tribunal de Justicia.

Expertos de la Oficina de Censos han advertido que de incluirse dicha pregunta es problable que disminuya la participación, y esto se traduzca a un recuento incompleto que carezca de exactitud y cambie todo, desde los límites políticos hasta la distribución de billones de dólares de fondos federales en los próximos 10 años.

Nunca antes en la historia de los Estados Unidos, un censo había planteado este tipo de pregunta como lo ha hecho la actual administración, de acuerdo al reciente análisis publicado en la revista de la Escuela de Derecho de la Universidad Georgetown. En otros tiempos, los censos preguntaban sobre el estatus de ciudadanía de algunos miembros del hogar, pero la pregunta se eliminó por completo del cuestionario de censos de los hogares después del conteo de 1950.

Carole Robertson y otros lugares de la misma naturaleza, se posicionan en la zona cero en el debate de esta pregunta.

Cada tarde, el eco de las risas felices y encuentros entre adultos y niños, se escucha en todo el Centro, así como el desfile de madres que llegan a recoger a sus pequeñitos y otros que asisten a pre-kinder. Ellos se amontonan a través de las puertas dobles, vestidos de bailarinas con brillantes y camisitas de los vengadores.

Durante 43 años, Carole Robertson ha sido un lugar donde las madres que no pueden costear el cuidado de sus hijos, saben que pueden dejarlos seguros mientras ellas estudian o trabajan, con la esperanza de salir adelante. Aproximadamente la mitad del presupuesto anual de este Centro ($11 millones), está cubierto por Head Start (un programa que provee servicios para niños y familias de bajos ingresos) y otros más de asistencia con fondos federales otorgados con base a la población del conteo del censo.

Para ciudadanos, residentes permanentes e inmigrantes indocumentados, que residen en los vecindarios de Lawndale y la Villita, un escalofrío se ha hecho sentir, pues los titulares hablan del trato que el gobierno federal da a los inmigrantes y a las minorías, incluídas las prohibiciones de viajes, redadas, deportaciones, familias separadas y las deplorables condiciones en las intalaciones de detención fronterizas.

Durante varios días en el mes de Junio, noticieros de habla hispana y sitios en la internet se enfocaron en la amenaza dirigida a través del tweet del Presidente Donald Trump. En la víspera del mitin de su posible re-elección, dijo que sus agentes federales pronto comenzarían a deportar “a millones de extranjeros ilegales…tan pronto como entraran” luego dijo que retrasaba dicho plan.

Las familias ya se están volviendo cada vez más escasas. Evitan visitar los centros comerciales, los mercados, están renunciando a su trabajo como voluntarios en las escuelas públicas, evitando trámites que requieran una licencia, como la de conducir, así como sus citas médicas.

“Tienen miedo de exponerse,” dijo Alicia Castaneda, directora de trabajo social en Carole Robertson, que tradicionalmente prestaba servicio en su mayoría a familias Afro-Americanas, pero ahora un 50 por ciento de sus usuarios es población hispana. ¿Qué va a hacer el gobierno con su información? Ellos ven que realmente nada está fuera de los límites.”

Insatisfactorio y lejano, el censo planteará decisiones difíciles para los inmigrantes a medida que ellos lo conozcan: Lo más común es que las familias tengan un estatus mixto, es decir, ¿Participan si todos los hijos son ciudadanos pero ambos padres no? ¿Qué pasa si un abuelo no es ciudadano, o un tío?

La naturaleza mixta de las familias inmigrantes fue documentada por el Consejo Americano de Inmigación (AIC, por sus siglas en inglés). Un informe de dicha entidad del año 2017 indicó que más de 817,000 residentes de Illinois, incluidos 344,000 ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, vivían con al menos un miembro de su familia quien era indocumentado, esto entre los años 2010 y 2014. Durante ese mismo lapso, uno de cada diez niños era un ciudadano de los Estados Unidos y tenía al menos un familiar indocumentado.

El censo, un conteo de todos los residentes de los Estados Unidos, que se remonta a 1790, es la única acción que los fundadores del país consideran suficientemente importante para imponerlo como mandato de la Constitución. De la aritmética del censo se derivan una interminable red de decisiones públicas y privadas sobre cómo se va a gobernar y proveer de servicios a la nación. Y en materia tanto de dinero como de poder, un conteo incompleto afecta a todos, mucho más allá de los inmigrantes indocumentados que no aparezcan.

Con la disminución de su población, se espera que Illinois pierda uno de sus 18 escaños en el Congreso según el próximo censo, y es probable que pierda dos. Las cifras también ayudan a imaginar los límites políticos estatales, determinando quién controla el Cosejo de la ciudad y quién, el Capitolio estatal.

Así los números:

• Un equivalente a $36 mil millones se desembolsó para Illinois en el año fiscal del 2016, según los datos del censo realizado en el 2010, de acuerdo al informe de la Alianza Urbana de Chicago. A los programas que se les dio más cobertura y por orden de importancia fueron Medicaid, préstamos para estudiantes, el Programa de Ayuda de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que provee cupones para alimentos, seguros complementarios de Medicare y planificación y construcción de carreteras.
• La Alianza Urbana en su informe señaló que los programas federales que brindan asistencia a las áreas rurales de Illinois recibieron $425 millones para el año fiscal del 2016, incluídos préstamos de ayuda para viviendas, sistemas de electrificación y agua.
• Por cada recuento adicional del 1 por ciento en el 2010, Illinois habría perdido $122 millones en el año fiscal del 2015, en Medicaid, cuidado infantil y otros fondos relacionados. El Instituto de Políticas Públicas de la Universidad George Washington estimó una pérdida de $953 en dichos programas, por cada residente de Illinois que no aparezca en el censo.
• En el año escolar 2018-2019 el estado recibió $678 millones, calculados en el censo como Título I para ayudar a las escuelas con una alta población de estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos. Eso incluía $254 millones para Chicago, según la Secretaría de Educación del Estado de Illinois.

Los fondos asignados como Título I, dejarían de recibirse y afectarían más en el Distrito Escolar 152 de Harvey, que administra cuatro escuelas primarias y una secundaria en un suburbio del sur de Chicago, conocido desde ya por sus constantes problemas financieros.

El Superintendente John Thomas, dijo que su distrito recibió $2.2 millones en fondos como Título I este año, el siete por ciento de su presupuesto. El dinero cubre el salario y prestaciones para empleados, incluídos los “intervencionistas” de los salones de clases, quienes ayudan a los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas y tecnología y “coordinación para personas sin hogar.”

Aunque en su mayoría son Afro-Americanos, el distrito ahora cuenta con un 30 por ciento de población hispana. Al igual que muchas escuelas con estudiantes hispanos, el manual para estudiantes disponible en línea contiene una página denominada “Los Derechos de los Estudiantes Inmigrantes,” ahí aconseja qué hacer en caso de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas lleguen a sus casas.

Harvey está localizado dentro de una área a lo largo del país, designada por el censo como “difícil de contar”. Incluso un recuento podría perjudicar la disponibilidad del distrito de servir a todos los niños, sean inmigrantes o no, con la escasez de recursos para llenar toda las necesidades, dijo Thomas.

“Todos los estudiantes se verían afectados, por la razón de que ejecutamos ‘programas para toda la escuela’ en todas las escuelas con Título I del distrito,” escribió Thomas en un correo electrónico. “De esta población los estudiantes con bajo rendimiento y en riesgo, serían los más afectados.”

Los funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado de Illinos (ISBE, por sus siglas en inglés), están preocupados por las pérdidas en todo el estado en programas para estudiantes provenientes de familias con bajos ingresos económicos; así como comidas escolares y programas para estudiantes con discapacidades.

La cláusula denominada “eximir de responsabilidad,” significa que un distrito nunca perdería más del 15 por ciento de los fondos con Título I en un año determinado, explican. Sin embargo, cualquier fondo a recuperarse debe provenir de otras fuentes.

Los grupos de defensa están preparándose para promover el censo con la ayuda financiera de $29 millones, aprobados recientemente por los legisladores estatales. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo que el presupuesto se invertirá en comunidades rurales y otras con más diversidad poblacional, y van a asegurar al público que el censo es un proceso en el que las comunidades de inmigrantes pueden confiar.

“Lo que está en juego es muy grande, y para ser franco, estamos atrasados,” dijo el demócrata Priztker, al aprobrar el dinero. “El censo nunca debe usarse como una herramiento para infundir miedo y marginar.”

El gobierno de Trump dice que la pregunta sobre la ciudadanía es necesaria para hacer cumplir el derecho al voto de las minorías. Sin embargo, los demócratas evidencian que hay una motivación política, y es fortalecer las áreas con población republicana a expensas de las demócratas con grandes poblaciones de inmigrantes. El dinero federal que ya no se designaría para Illinois, iría a otros estados, pero también esto podría afectar a los estados republicanos con alta población de inmigrantes como Texas y Florida.

El censo no ha cuestionado sobre la ciudadanía desde la década de 1950, aunque la pregunta se plantea en muestras más pequeñas y periódicas. Los funcionarios del gobierno no pueden, por prohibición, usar los datos del censo para hacer cumplir las políticas públicas, pero los activistas temen que esta información pueda ser aprovechada como parte de la ya conocida línea de enfoque denominada “cero tolerancia”, de la presente administración para con la inmigración y los indocumentados.

El informe de la Alianza Urbana señaló que Illinois ya tiene un problema de conteo: Cerca del 42 por ciento de la población Afro-Americana del estado, vive en áreas oficialmente catalogadas por el censo como “difíciles de contar”, junto con el 33 por ciento de Hispanos y casi el 20 por ciento de los niños tienen menos de cinco años de edad. Juntos representan 1.67 millones de habitantes del estado de Illinois.

En el Centro Carole Robertson, cuyo nombre es en memoria de una de las cuatro niñas asesinadas en un bombardeo por motivos raciales, hecho ocurrido en una iglesia en Alabama en 1963, el personal que labora ahí no tiene conocimiento de quien tiene documentos y quien no, porque no es parte de su misión preguntar esto a sus usuarios.

El centro ya está ampliando su capacidad para atender a 300 niños, que incluye un 17 por ciento con necesidades especiales, con el apoyo de Head Start, Early Head Start, el Programa de Cuidado para Niños y Adultos y el Programa de Ayuda para Cuidado de Niños. Todos financiados por el gobierno federal, con base en los recuentos del censo y complementados con fondos estatales y donaciones.

El Centro sobrevivió la peor de las recientes crisis presupuestarias de Illinois, aunque el personal tuvo que afrontar recortes salariales. La Directora Ejecutiva, Bela Moté, dijo que perder el 1 o 2 por ciento de los fondos federales podría disminuir el número de niños que el Centro puede recibir, y a la vez, reducir “las cosas que le dan calidad.”

Incluso hasta el 5 por ciento y la Junta Directiva tendría que reflexionar sobre la sostenibilidad de la institución, dijo. Tendría que empezar a hurgar en las cosas que nos dan grandes y positivos resultados para nuestros niños más vulnerables y sus familias, dijo.

A lo largo del estado de Illinois, se recibieron más de $500 millones para los cuatro programas de asistencia infantil en el año fiscal del 2016, informe que dio a conocer la Alianza Urbana. Eso incluyó $317 millones para Head Start.

Una madre común de Carole Robertson es una mujer de nombre Kenyana, quien también asistió ahí cuando era niña. Ahora ella deja a su hija de 2 años en el Centro para poder estudiar computación en Malcom X College. Kenyana leyó en la internet una información falsa de que el censo iba a preguntar el país de origen de todos, incluídos, aquellos al igual que ella, que son Afro-Americanos.

“Siempre y cuando no hagan preguntas tramposas, como de qué lugar en África eres, estoy de acuerdo,” dijo. “Pero va a ser difícial para nuestras hermanas y hermanos morenos.”

Una de ellas es madre de familia en Carole Robertson, su esposo es indocumentado y deja a su hija de 3 años y 2 meses al cuidado del Centro para trabajar como ayudante de mantenimiento, incluyendo la reparación de automóviles como le enseñó su papá (“Todo menos plomería”).

Ella dice que ICE (siglas en inglés), pasó por el lugar de trabajo de su esposo y teme que cualquier compañero de trabajo con resentimiento o enviadia pueda entregarlo. Él no maneja “nunca”, dijo, y “nunca ha sido tratado por un médico.”

Otra madre deja al menor de sus tres hijos en el Centro, mientras maneja para un servicio de viajes compartidos. Ella es indocumentada pero sus hijos son todos ciudadanos de los Estados Unidos, y dijo que desea que ellos gocen de sus derechos y que aparezcan en el conteo, pero…

“Mucha gente no lo va a hacer por temor. Temen a la separación y las represalias,” dijo. “La intención del gobierno no es positiva. Es para ponernos una marca.”

Los empleados de Carole Robertson dijeron que ellos no intentarán presionar a ningún padre o madre de familia que ellos atienden, para llenar el formulario del censo, pero tratarán de recalcar sobre lo crucial que puede ser el recuento para los servicios del cuidado infantil y muchos otros asuntos.

Maria Whelan, Presidenta y Directora Ejecutiva de Acción para los Niños de Illinois, una organización sin fines de lucro que ayuda a administrar los fondos para los proveedores de servicios, dijo: “Las personas que tienen menos probabilidades de participar, son las más necesitadas.”