El incendio que mató a cuatro de los hijos de Shamaya Coleman arrasó su edificio al sur de la ciudad en tan solo unos minutos. Pero fue una tragedia que se veía venir ya años atrás.
La tragedia comenzó antes de que el incendio se iniciara en el piso de abajo, en un apartamento donde los detectores de humo estaban descompuestos. Ya se gestaba antes de que las llamas atravesaran una puerta rota y subieran por los pasillos oscuros.
De hecho, la tragedia comenzó mucho antes de que Coleman, una madre soltera, trasladara su familia a un modesto apartamento de un dormitorio.
Como tantas familias, esperaban comenzar una nueva etapa en su nuevo hogar. Pero no tenían idea que el edificio era una trampa de fuego, y que las autoridades hace años que lo sabían.
Los inspectores de edificios de la ciudad visitaron el complejo de 18 apartamentos en Roseland más de 24 veces en los cinco años anteriores al incendio, documentando más de 150 problemas. Apenas seis meses antes del incendio, los inspectores una vez más encontraron puertas rotas y techos sin detectores de humo, entre otras infracciones graves de prevención contra incendios.
Si los funcionarios de la municipalidad hubieran cumplido con su misión de mantener a las personas seguras en sus hogares, haciendo cumplir normas básicas contra incendios, los hijos de Coleman podrían aún estar vivos.
Cuando los bomberos llegaron, encontraron en el apartamento el cuerpo de Eri’ana, de 7 años, en un armario debajo de una pila de ropa, y a su hermano Shamarion, de 11, desplomado cerca de una ventana abierta, según dice el reporte policial. La mayor, Carliysia, de 15, estaba arrodillada en la cama protegiendo el cuerpo de su hermano Carlvon, de 13. La parte de la camisa rosa y roja de Carliysia que cubría su espalda se había quemado.
“Estaban condenados a muerte”, dijo Rich Cooper, quien era el jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Chicago el 8 de septiembre del 2014, cuando se desató el incendio en la madrugada. “Un detector de humo de $5 los habría sacado de allí 10 minutos antes y hubieran estado bien”.
Los hijos de Coleman se encuentran entre al menos 61 personas, incluyendo 23 menores de 17 años, que murieron desde el 2014 en edificios que tenían problemas documentados de prevención contra incendios, pero en los cuales las autoridades de Chicago no tomaron medidas suficientes contra los propietarios, determinó una investigación de Better Government Association y el Chicago Tribune.
Las víctimas murieron en apartamentos que la municipalidad sabía que carecían de detectores de humo, en edificios abandonados que se suponía las autoridades debían demoler, en casas donde los inquilinos habían pedido ayuda municipal porque no había calefacción.
Los inspectores municipales archivaron cientos de quejas con poco o nulo seguimiento. Los abogados de la municipalidad y los jueces administrativos a menudo confiaban en los descargos de los propietarios sin verificar las reparaciones prometidas. Los inquilinos pasaron años viviendo en condiciones inseguras mientras las demandas de la municipalidad contra sus propietarios se estancaban en las cortes.
Estos hallazgos revelan un sistema fallido que pone en peligro a los residentes de una ciudad ya forjada por grandes incendios. En este sistema, los inquilinos no pueden depender de la municipalidad para resolver sus quejas con celeridad o hacer cumplir de manera efectiva los códigos de seguridad diseñados para protegerlos en caso de incendio. En cambio, según la investigación del Tribune-BGA, los funcionarios municipales colocan habitualmente los intereses de los propietarios por encima de la seguridad de los residentes.
Desde el 2014 hasta el 2019, en Chicago hubieron 140 incendios en unidades residenciales que dejaron víctimas fatales. BGA y el Tribune examinaron cada uno de ellos.
En 42 de los incendios, los funcionarios sabían de antemano que en esos edificios habían problemas de prevención de incendios, faltas aún sin corregir en el momento en que comenzaron las llamas.
Las 61 personas que murieron en estos incendios son alrededor de un tercio de los 170 muertos que dejaron todos los incendios que hubo en la ciudad en ese período. La mayoría eran personas negras.
La responsabilidad de estos fracasos recae en los líderes electos de la ciudad, quienes redujeron el número de inspectores, relajaron las regulaciones y no cumplieron sus promesas de reforma incluso después de grandes tragedias. También recae en los abogados de la municipalidad y los jueces administrativos que trataron con deferencia a los propietarios. Y también recae en los inspectores de primera línea y sus jefes en el Departamento de Edificios una agencia creada después del Gran Incendio de Chicago de 1871 específicamente para prevenir tragedias como estas.
En los años transcurridos desde que perdió a sus hijos, Coleman se ha enterado de una larga lista de problemas de prevención que el propietario de su edificio nunca fue obligado a abordar.
“La municipali
dad sabía que era un slumlord (mal propietario). La municipalidad sabía que tenía infracciones”, dijo Coleman. “La municipalidad sabía que tenía cosas que arreglar”.
“Estos propietarios no deberían poder alquilar, comprar, no deberían poder hacer nada a menos que todo esté en orden. No debería haber excepciones para nadie, ni para el estado ni para el propietario”, dijo. “Están poniendo en peligro la vida de otra persona, punto”.
La alcaldesa Lori Lightfoot se negó a ser entrevistada para este informe y, en cambio, remitió todas las preguntas a su personal de relaciones públicas y a los funcionarios de construcción de la ciudad. Ellos reconocieron errores ocasionales, pero dijeron que la responsabilidad final de corregir infracciones que pueden costar vidas recae sobre los propietarios.
“La primera línea de defensa es el dueño del edificio”, dijo Matthew Beaudet, jefe del Departamento de Edificios. “Cualquier pérdida de vida en Chicago es trágica, ya sea por incendio o por accidente automovilístico. Así que nos lo tomamos muy en serio; trabajamos muy duro todos los días para garantizar la seguridad de la ciudad”.
Los funcionarios de Edificios dijeron que no hay problemas sistémicos con el proceso de aplicación del código y que el departamento no es responsable de las 61 muertes.
En cambio, dijeron que muchas de las fallas identificadas por la investigación de Tribune y BGA se deben a una base de datos que no muestra todos los esfuerzos que ellos despliegan para hacer cumplir las leyes de prevención. Dijeron que un obstáculo para la aplicación de las reglas son los retrasos en procedimientos legales, los cuales están fuera de su control una vez remitidas las infracciones a los abogados municipales.
“Cuando salimos y encontramos algo, lo documentamos”, dijo Beaudet, quien fue designado en el cargo por Lightfoot. “No somos un departamento de fiscalización”.
Las 61 muertes que ocurrieron en edificios con problemas conocidos son “trágicas”, dijo Beaudet, “pero muchos de estos incendios fueron causados por las actividades de la gente allí”.
Tras las consultas de BGA-Tribune, Lightfoot respaldó en las últimas semanas dos iniciativas que, según ella, mejorarán las condiciones de los inquilinos de Chicago. Una de ellas retoma un esfuerzo por publicar una lista de malos propietarios, señalando cuáles edificios son considerados peligrosos para un mejor cumplimiento de la ley. La otra ordena a los propietarios a instalar detectores de humo de larga duración y a prueba de manipulaciones durante la próxima década, una medida a la que la municipalidad y los bomberos se opusieron durante mucho tiempo por considerarla demasiado cara para los propietarios.
“Estoy segura de que la nueva lista (Building Scofflaw List en inglés) permitirá a la municipalidad monitorear más de cerca estos lugares, fiscalizar a los propietarios y, lo más importante, mejorar la seguridad de los ocupantes del edificio”, dijo Lightfoot en un comunicado de prensa el mes pasado.
Lightfoot dijo que el cambio se produjo después de una “evaluación integral de varios departamentos”. Pero en respuesta a una solicitud del Tribune y BGA pidiendo documentación sobre dicha evaluación, su oficina dijo que no encontró documentos relacionados al tema.
Una ‘trampa mortal’
En Englewood, Evoughn Ware, de 56 años, murió en el 2016 cuando un cableado defectuoso en su pequeño apartamento causó un muro de llamas, impidiendo que su hijo llegara a ella.
En las semanas previas al incendio, los inquilinos del edificio de Ware informaron dos veces a los funcionarios de la municipalidad sobre fallas de prevención contra incendios, incluyendo problemas eléctricos graves y una falta de detectores de humo. No hay registros de que la ciudad haya respondido a ninguna de las quejas. BGA y Tribune encontraron otros siete incendios con víctimas fatales donde no se encontró evidencia de que las autoridades hayan investigado las quejas antes del incendio.
En La Villita, Luis Bruno, de 63 años, murió en 2018 en un edificio de dos pisos dividido en 16 habitaciones, en violación del código de vivienda. La municipalidad recibió al menos 10 quejas sobre el edificio desde el 2010 hasta el 2015 alegando problemas como hacinamiento y falta de alarmas de incendio. En 2011, un juez administrativo de la municipalidad multó al propietario con $500 y cerró el caso. Meses después, comenzaron a llegar más quejas, incluyendo una que reclamaba condiciones “muy inseguras”. Los registros muestran que los inspectores nunca entraron al edificio para investigar esas quejas.
Después del incendio, los investigadores no encontraron detectores de humo y las escaleras del frente del edificio estaban bloqueadas por las divisiones de la casa. Llegaron a llamar al edificio una “trampa mortal”. Además de Bruno, BGA y Tribune encontraron que 10 personas más murieron en edificios en los cuales se había documentado la existencia de apartamentos no autorizados.
En Humboldt Park, Sarah Amann, de 30 años, murió en el 2014 mientras ocupaba un edificio que la ciudad había planeado demoler por ser inseguro.
La municipalidad recibió 16 quejas durante varios años sobre la propiedad abandonada, porque atraía ocupantes y actividades ilegales, incluyendo una del concejal Walter Burnett (D-27). Se llegó a emitir una orden judicial para derribar el edificio inseguro, pero aún estaba sin ejecutarse cuando comenzó el incendio casi dos años después. La municipalidad demolió el edificio dos días después de la muerte de Amann, según muestran los registros. Tribune y BGA identificaron otras ocho muertes más dentro de edificios abandonados que la municipalidad no logró reparar o derrumbar. Tres de esos edificios también tenían órdenes de demolición desde hace por lo menos un año.
Beaudet dijo que sus inspectores deben hacer un seguimiento a toda queja grave, pero a veces no terminan de documentar todas sus interacciones. Una vez que se emiten las infracciones, dijo, el proceso que le sigue está fuera de sus manos.
Beaudet también dijo que no se debe responsabilizar a la municipalidad por las muertes que ocurrieron en edificios abandonados, donde las personas se ponen en riesgo a sí mismas al ignorar los letreros y las puertas tapiadas.
“Si entras, estás totalmente drogado y te duermes fumando en un colchón, lo que será, será”, dijo.
Una portavoz del departamento legal de la municipalidad dijo que la municipalidad pide autorización para demoler edificios, pero no está obligada a hacerlo y “sopesa muchos factores para priorizar” las órdenes de demolición.
Para identificar los 42 incendios mortales en los que la ciudad sabía que existían problemas de prevención contra incendios en el momento en que comenzaron las llamas, BGA y Tribune examinaron decenas de miles de páginas de documentos públicos y entrevistaron a más de 100 expertos en seguridad, bomberos y funcionarios municipales, así como a familiares de las víctimas de los incendios.
En nueve de los incendios, las faltas de prevención sin resolver identificadas por el Tribune y BGA figuraban como posibles causas en los informes de investigación. En algunos casos, por ejemplo, los incendios comenzaron cuando los inquilinos usaron estufas o calentadores eléctricos en edificios donde las autoridades ya habían sido informadas repetidamente que no había calefacción. En otros, los incendios fueron provocados por cableados defectuosos y otros problemas eléctricos que habían sido previamente reportados pero que no se arreglaron durante años.
En 24 de los incendios fatales, la municipalidad había sido advertida sobre problemas de prevención contra incendios que, de haberse corregido, habrían salvado vidas. Un ejemplo: en el edificio de Coleman faltaban detectores de humo que funcionaran. Hubo casos en los que las víctimas sufrieron lesiones o una sobredosis de drogas, pero los documentos muestran que los incendios contribuyeron a sus muertes de todas formas.
Y en los últimos nueve incendios —incluido el que mató a Amann— las autoridades no lograron cumplir con que los edificios abandonados y considerados como inhabitables se mantuvieran vacíos.
La investigación de estos 42 incendios por el BGA-Tribune también encontró que las personas racializadas, especialmente las personas negras, se vieron afectadas de manera desproporcionada.
Los incendios se concentraron en las zonas históricamente marginadas del sur y oeste de Chicago, que están muy segregados por raza y nivel de ingresos. De las 61 personas que murieron, 39 eran negras, 15 eran latinas y una era asiática. Sólo seis eran blancos.
Además del análisis de incendios fatales, el Tribune y el BGA examinaron los resultados de miles de infracciones que las autoridades calificaron como “graves”, desde infestaciones de cucarachas y ventanas rotas hasta condiciones que ponen vidas en riesgo como falta de calefacción, salidas obstruidas y porches deteriorados.
Ese análisis reveló cómo fallas en la aplicación de las reglas de prevención contribuyen a inequidades históricas.
Una revisión de 121,000 infracciones clasificadas como graves en toda la ciudad entre el 2014 y el 2019 encontró que la mayoría estaban en comunidades habitadas predominantemente por comunidades racializadas. Esas áreas de la ciudad tenían 59 violaciones graves por cada 1,000 habitantes, mientras que los barrios con mayoría blanca tenían 13 por cada 1,000.
Las infracciones en comunidades con menos población blanca también eran reparadas en menor medida. Los inspectores marcaron el 32% de las infracciones graves en estas áreas como reparadas, comparado con el 37% en las comunidades predominantemente blancas. Tantas eran las infracciones que se encontraron en áreas que no eran predominantemente blancas que los documentos muestran más de 69,000 infracciones graves que se quedaron sin solucionar allí, más de diez veces más que en las comunidades blancas.
Beaudet dijo que esos números no son toda la historia, en parte porque la tecnología del departamento está desactualizada. Los inspectores a veces tampoco ingresan la información actualizada, dijo.
“Hay mucho seguimiento que, de nuevo, ustedes no verán en un sistema informático”, dijo.
Defectuoso desde el principio
En el momento en que una estufa originó el incendio que mató a Samari Grace, de 2 años, y a su hermana de 7 meses, Ziya, en el apartamento de su familia en West Woodlawn, las autoridades ya habían recibido al menos cinco quejas en cuatro años de que el edificio no tenía calefacción.
A pesar de hacer cuatro viajes por separado para investigar, los inspectores nunca pudieron entrar para verificar las quejas, según muestran los documentos. El último intento de inspección se produjo unas siete semanas antes del incendio.
En la noche del 25 de febrero de 2017, la familia estaba hirviendo agua en el sótano para mantenerse caliente cuando la olla se derritió y encendió objetos aledaños.
“Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer con los calentadores portátiles y la estufa de gas”, dijo Janice Franklin, una tía de las niñas que vivía en el apartamento. Su hijo, quien entonces tenía 6 años, sufrió quemaduras graves pero sobrevivió.
Ella dijo que nunca se quejó del apartamento con la municipalidad y que no tenía idea de que los inspectores habían intentado inspeccionar el edificio sin éxito.
“Lo que sucedió fue realmente devastador”, dijo Franklin.
En 2017, el Concejo Municipal eliminó un requisito antiguo que ordenaba que todos los edificios residenciales con más de tres pisos fueran inspeccionados anualmente. A partir de ese momento, el proceso para identificar condiciones inseguras pasó a depender casi completamente de que los residentes llamen al 311 para quejarse.
Al año siguiente, un informe del 2018 del inspector general de la municipalidad encontró miles de quejas de residentes pendientes. Aunque se suponía que el Departamento de Edificios debía realizar una inspección a los 21 días de recibir cualquier queja grave, el inspector general encontró que el departamento cumplió con ese plazo sólo en aproximadamente un tercio de las ocasiones.
El resultado: el consejo municipal eliminó el plazo de 21 días.
La investigación del BGA-Tribune examinó 599 quejas de infracciones graves relacionadas a los 42 incendios fatales en los que no se abordaron los riesgos de incendio. Documentos proporcionados por la ciudad muestran que no hay evidencia de que se hayan llevado a cabo inspecciones en respuesta a 296 de esas quejas, casi la mitad.
Funcionarios del Departamento de Edificios dijeron que hay varias razones por las que esas quejas no fueron investigadas a fondo. En muchos casos, los inspectores no consiguen entrar para realizar una inspección. Algunos operadores del 311 etiquetan erróneamente algunas quejas.
Las autoridades dijeron que en otros casos las quejas son desviadas a casos que ya se encuentran en ejecución porque involucran problemas previos en la propiedad. De esta forma, se supone que las nuevas quejas se inspeccionarán como parte de los procedimientos de audiencia administrativa o judicial ya en curso. Los documentos proporcionados por la municipalidad no muestran evidencia de que eso haya ocurrido.
Los funcionarios de Edificios dijeron que aunque cada queja grave requiere una investigación, a los inspectores y supervisores se les otorga intencionalmente facultades para decidir cuáles quejas priorizar. No hay protocolos escritos, según un informe del inspector general de 2019.
Beaudet nuevamente citó el sistema informático “obsoleto” de su departamento cuando se le preguntó por qué los registros de la ciudad muestran que no se le dio seguimiento a tantas quejas de condiciones peligrosas.
“Nosotros sí respondemos las quejas”, dijo Beaudet. “Salimos en cuestión de días u horas. … nosotros salimos de inmediato”.
Tribune y BGA encontraron 75 quejas graves presentadas antes de los incendios fatales en que los inspectores informaron que no consiguieron ingresar al edificio, clasificando el resultado con las palabras “sin entrada”.
Las inspecciones no se programan con anticipación y los registros muestran que a menudo la primera visita se retrasa por semanas o meses. Los funcionarios de Edificios dijeron que los inspectores llaman un par de horas antes de llegar, pero la investigación del Tribune-BGA no encontró evidencia de que los inspectores llamen como parte de su rutina antes de hacer una visita.
Los funcionarios de Edificios dijeron que no tienen la autoridad legal para exigir que los dejen entrar a investigar quejas, y los inquilinos a menudo no cooperan para dejar entrar a los inspectores.
“Obviamente (los inquilinos) no se están tomando esto en serio si no están disponibles cuando el inspector les dice que van en camino”, dijo Marlene Hopkins, la primera subcomisionada de Edificios.
El sistema de quejas 311 también es “abusado por muchos inquilinos”, dijo Hopkins.
“Cuando los inquilinos no están de acuerdo con el propietario, tal vez están pasando por un proceso de desalojo, ahí ellos llaman repetidamente”, dijo. “Y no porque existan condiciones válidas … sino con la esperanza de que encontremos algo”.
Los registros no muestran evidencia de que los inspectores que no logran entrar a una propiedad en el primer intento luego tengan la costumbre de regresar para investigar las quejas nuevamente.
Fiscalización laxa, problemas persistentes
Cuando los inspectores sí encuentran infracciones graves, la aplicación de las reglas es muy inconsistente, incluso cuando los problemas son los mismos.
Los inspectores pueden recomendar tres vías de acción cuando encuentran problemas de seguridad. La menos severa es mandar una carta de advertencia al propietario, sin darle más seguimiento después. La segunda es mandar una orden de comparecencia con el Departamento de Audiencias Administrativas de la municipalidad, que es similar a una corte de infracciones de tránsito. La acción más severa es presentar una demanda de la municipalidad contra el dueño de la propiedad en el Tribunal de Circuito del Condado Cook.
Los funcionarios de Edificios dicen que los inspectores y sus supervisores tienen libertad para determinar qué ruta de cumplimiento tomar. Pero, dijeron, a los inspectores se les indica que envíen los casos más graves a la corte.
Hopkins dijo que las infracciones que ponen vidas en riesgo, o son peligrosas o riesgosas, van directamente a la corte. Añadió que determinar qué hacer con las infracciones es “nuestra misión principal” como departamento.
Sin embargo, las autoridades no proporcionaron documentos ni reglas para esclarecer qué infracciones califican como tales. Y los registros muestran que las mismas infracciones graves a menudo se manejan de diferente manera. A un propietario lo llevan a la corte, mientras que a otro apenas le mandan una advertencia.
BGA y Tribune descubrieron que la municipalidad presentó demandas contra los propietarios en menos de la mitad de los casos que involucran infracciones normalmente clasificadas como las más graves. Entre ellas, la falta de calefacción, cables expuestos, la falta de detectores de humo y salidas bloqueadas.
Una revisión de los resultados de todas las infracciones registradas desde el 2014 al 2019 encontró que más de 25,000 infracciones involucrando esas condiciones, la municipalidad demandó a los propietarios en más de 11,000 infracciones. Casi 11,000 otros fueron enviados a audiencias administrativas y 3,261, alrededor del 13%, terminaron con solo una advertencia.
En el 2012, el dueño de un edificio de apartamentos de tres pisos en Hollywood Park recibió una advertencia después de que los inspectores descubrieron que había detectores de humo que no funcionaban.
Casi tres años después, Ans Khan, de 10 años, murió en el último piso del edificio mientras otros se apresuraron a escapar de un incendio fuera de control. Más tarde, varios inquilinos dijeron que no escucharon ningún detector de humo. Al menos nueve personas sobrevivieron al saltar desde las ventanas para escapar de las llamas, incluida la familia de Khan.
El propietario Mihai Horga dijo al ser contactado por el Tribune-BGA que los detectores de humo estaban funcionando en la mayoría de las áreas comunes la noche del incendio. Dijo que sólo estaba al tanto de un detector de humo por una escalera que no tenía batería.
Los funcionarios de Edificios dijeron que las reglas del departamento cambiaron en los años posteriores a las infracciones del 2012 y ahora prohíben que los inspectores se limiten a cartas de advertencia en tales casos.
Pero un análisis de los datos de la municipalidad muestra que el porcentaje de infracciones que terminan con una carta de advertencia se ha mantenido constante. Por ejemplo, el 15% de todas las infracciones involucrando detectores de humo en 2019, o 259, terminaron con una advertencia. En 2014, fue el 18%.
Algunos expertos dijeron que la discreción de la que gozan los inspectores permite que sus decisiones sean influenciadas por cambios en el liderazgo político o por sus propios prejuicios.
Mark Limanni, un ex gerente legal del Departamento de Edificios que trabajó para la municipalidad por más de 30 años, dijo que fue testigo de cómo las prioridades cambian a menudo dependiendo de la tragedia del día.
“Siempre hay alguna discusión sobre dónde trazar la línea, dónde ser más agresivo o dónde ser más laxos”, dijo.
Una socióloga de la Universidad Tulane que siguió a los inspectores de Chicago durante ocho meses como parte de un proyecto de investigación dijo que vio a los inspectores basar sanciones en sus percepciones acerca de la situación económica del propietario.
Por ejemplo, a veces los inspectores evitaban sanciones más serias si pensaban que la carga financiera impedirían que el dueño haga luego las reparaciones, dijo Robin Bartram, quien informó sus hallazgos en 2019.
Las preocupaciones documentadas en el informe de Tulane sobre cómo pueden afectar las multas a los propietarios también han sido expresadas por el departamento legal de la municipalidad.
En 2019, el principal abogado de la municipalidad en ese momento, cuyo personal está encargado de fiscalizar a los malos propietarios, compareció en una audiencia pública con los concejales y argumentó que multar a los propietarios que tienen pocas propiedades puede terminar poniendo trabas a la resolución de problemas.
“En algunos casos, es contraproducente multar a los propietarios que ya están sufriendo con el costo de un arquitecto o contratistas para corregir los defectos del edificio”, dijo el ex gerente legal de la municipalidad Mark Flessner, quien fue designado por Lightfoot.
Más de la mitad de los propietarios involucrados en los 42 incendios fatales son dueños de al menos tres edificios, según muestran documentos, y también tenían un historial de cometer múltiples infracciones en sus otras propiedades.
Retrasos prolongados, condiciones inseguras
Luego de que los inspectores remiten las infracciones a una audiencia administrativa o un tribunal de circuito, el proceso a menudo toma meses o años mientras los inquilinos continúan viviendo en condiciones peligrosas, encontró la investigación de Tribune/BGA.
BGA y Tribune examinaron 50 casos remitidos a audiencias administrativas relacionados con los edificios donde ocurrieron los 42 incendios fatales, algunos de los cuales incluyeron más de un caso. Los registros muestran que los abogados de la municipalidad a menudo no plantearon objeciones mientras los propietarios solicitaban una extensión tras otra.
Al final, los jueces de las audiencias administrativas archivaron 20 casos a pesar de saber que algunos problemas continuaban sin solucionarse. En otros 18 casos, los jueces aceptaron evidencia proporcionada por los dueños como prueba de reparaciones, incluyendo fotos borrosas, recibos o declaraciones que los propietarios habían solicitado a sus inquilinos.
Un ejemplo es Merced Gutiérrez, propietario de un edificio de apartamentos en La Villita donde ocurrió el peor incendio en la historia reciente de Chicago.
El edificio, que tenía una vivienda adjunta en la parte trasera, era una de cuatro propiedades que Gutiérrez tenía y que acumularon más de 70 infracciones durante ocho años en total, 60 de las cuales fueron infracciones graves. En 2016, una audiencia administrativa sobre 11 de esas infracciones, incluida la falta de detectores de humo, resultó en una multa de sólo $200.
El caso comenzó cuando los inspectores fueron al edificio de La Villita en octubre del 2015 después de que los inquilinos se quejaron de ratas y chinches.
La primavera siguiente, un juez administrativo archivó el caso después de aceptar la evidencia presentada por Gutiérrez, incluyendo fotografías de los detectores de humo, como prueba de que se habían realizado las reparaciones.
Durante los siguientes dos años, los inspectores visitaron repetidamente la propiedad debido a nuevas quejas. En julio del 2018, citaron al propietario por la falta de detectores de humo en el edificio principal, entre otros problemas graves.
Dos meses después, un incendio en la vivienda adjunta mató a 10 niños, desde un bebé hasta adolescentes. La policía y los bomberos no encontraron detectores de humo en el edificio. Tres días después, encontraron un detector sin baterías entre los escombros.
Los abogados de la municipalidad habían presentado una demanda judicial por las infracciones encontradas tres semanas antes del incendio, pero la fecha de la primera audiencia se fijó para septiembre, un mes después del incendio.
Una portavoz del departamento legal dijo al ser cuestionada acerca de la demanda que no se encontraron problemas de vida o muerte en ninguna de las inspecciones. Entonces no se justificaba presentar una demanda de emergencia.
Gutiérrez, el propietario, no respondió mensajes pidiéndole sus descargos. Su abogado, el ex-comisionado del condado Tony Peraica, responsabilizó a los inquilinos de la vivienda adjunta por la falta de detectores de humo, y dijo que estaban en proceso de desalojo e “hicieron de su vida un infierno”.
Incluso cuando la municipalidad sí llevó a los propietarios a la corte, Tribune y BGA encontraron que a menudo las condiciones peligrosas persistían. De los 42 incendios fatales en los que no se resolvieron infracciones de seguridad contra incendios, la municipalidad había demandado a los propietarios de 22 de los edificios. En uno de ellos, la municipalidad había presentado una demanda, pero el incendio ocurrió antes de que pudiera tener lugar la primera audiencia.
Incluso un acuerdo o una orden judicial tampoco garantiza que una propiedad sea segura, según la documentación analizada.
Cuando Mark England, de 31 años, murió en una pequeña casa que había sido subdividida ilegalmente en muchos cuartos, una demanda judicial contra el dueño se había cerrado ya casi cinco años atrás.
Siete años antes del incendio que ocurrió el 2015, la municipalidad enjuició al propietario por los apartamentos ilegales. El caso terminó dos años después con una multa de $500 y la determinación de que ahora había un “cumplimiento total” de los requisitos. No hay registro de que los inspectores hayan verificado que el problema haya sido solucionado, a pesar de dos quejas de la policía y los bomberos que informaron que la casa todavía se usaba como pensión mientras la demanda estaba en curso.
La madre de England, Laura Hale, demandó al propietario y acordó una compensación de $125,000 al año siguiente.
“¿Por qué estaba él allí?”, se preguntó Hale en una entrevista reciente. “Probablemente nunca lo sabremos”.
“Creo que finalmente el año pasado lo acepté y pude asumir el dolor”.
Los propietarios del edificio donde murieron los hijos de Coleman también habían sido demandados por la municipalidad en cuatro ocasiones desde el 2006. Tres de las demandas se presentaron contra los propietarios anteriores, Manohar y Sunita Lal.
En 2009, los abogados de la municipalidad enjuiciaron a los Lals después de que los inspectores los citaron por decenas de infracciones y llegaron a un acuerdo para cerrar el caso dos años después. La pareja pagó una multa de $6,000 y prometió solucionar cualquier problema en menos de seis meses.
Documentos muestran que ese plazo se cumplió y los Lals recibieron prórrogas que duraron casi dos años. Los registros judiciales muestran que el caso se cerró en el 2013 con muchas de las infracciones aún sin reparar, incluyendo luces defectuosas y falta de iluminación de emergencia.
Tahir Sheikh compró el edificio en septiembre del 2013. En la primera mitad del 2014, los inspectores encontraron 41 infracciones, y muchas de ellas eran similares a los problemas del caso judicial de 2009, como falta de detectores de humo y puertas rotas. Estas infracciones graves aún seguían sin reparar meses después, cuando murieron los cuatro hijos de Coleman.
En junio de 2014, tres meses antes del incendio, el Departamento de Edificios remitió las infracciones a la corte, pero el caso no se introdujo hasta el día después del incendio, luego de que funcionarios de la municipalidad intercambiasen una avalancha de correos electrónicos. Esos correos electrónicos, obtenidos a través de la ley de acceso a la información pública de Illinois, fueron redactados en gran medida.
Contactados por teléfono, tanto Sheikh como Sunita Lal se negaron a comentar sobre el incendio y las infracciones en el edificio, que Sheikh vendió en el 2017. Ese mismo año, la municipalidad archivó la denuncia contra Sheikh después de que pagó una multa de $460 dólares.
‘Yo sigo aquí, pero ellos se han ido’
Hoy, a Shamaya Coleman le resulta difícil hablar sobre el incendio, articulando pocas palabras a la vez mientras recuerda sus últimos momentos en el apartamento del último piso.
Coleman dijo que se despertó cuando su hija llamó a la puerta de su habitación para contarle de un olor extraño. En ese momento, ella no sabía que había comenzado un incendio en un apartamento vacío en el piso de abajo. Ninguno de los apartamentos tenía detectores de humo en funcionamiento.
Al abrir la puerta principal de su apartamento, Coleman no vio nada en un pasillo completamente negro. Pero podía oler el humo. Despertó al resto de sus hijos. Cogidos de la mano, Coleman, sus hijos y su novio se dirigieron a la puerta trasera del apartamento, donde los sorprendió el humo y el destello anaranjado de las llamas.
La familia se retiró a su único dormitorio, donde Coleman abrió una ventana y se trepó al alféizar, mirando la caída desde el piso más alto.
“Estaba pidiendo ayuda a gritos, y el humo entró por mi nariz, y simplemente … simplemente me desesperé”, dijo Coleman.
Ella saltó. Tumbada en el suelo con ambos brazos y ambas piernas rotas, Coleman se volvió para ver a su novio en el suelo, quien había saltado desde otra ventana. Los bomberos llegaron y ella les suplicó que salvaran a sus hijos. Luego perdió el conocimiento.
Se despertó en una cama de hospital más tarde ese día con un dolor intenso, su cara todavía estaba cubierta de hollín.
Finalmente entendió lo que había sucedido después de que sus familiares le preguntaron sobre las tallas de ropa de los niños y sus colores favoritos: estaban planeando un funeral. Nunca más volvería a ver a los niños.
“Eran mi mañana, mi tarde, mi noche. Eran mi todo”, dijo Coleman en una entrevista reciente. “Y yo sigo aquí, pero ellos se han ido”.
Coleman sabía desde el momento en que se mudó al apartamento de un dormitorio en Vernon Street que no era perfecto. Pero después de años viviendo con otros familiares, ella y los cuatro niños estaban ansiosos por tener un lugar propio.
Coleman describió a sus hijos como inteligentes y tranquilos, entusiasmados por vivir solos en familia mientras sus personalidades crecían a pasos agigantados frente a sus ojos.
A Carliysia le iba bien en la secundaria y tenía los ojos puestos en entrar a una universidad del Ivy League para luego tener una carrera como abogada, dijo Coleman. Su hijo mayor, Carlvon, era disciplinado y trabajador, encontrando trabajos ocasionales para ganar dinero. También le gustaba luchar con su hermano menor, el bromista de la familia. A Shamarion le decían “Mari” en la familia y le encantaba bailar. Era delgado y alto porque había dado un estirón en el verano, en los meses previos al incendio.
A la menor de los cuatro, Eri’ana, le gustaban las canciones de Keyshia Cole y quería ser más famosa que Beyoncé al crecer.
Coleman estaba tomando clases de facturación médica y trabajaba a tiempo parcial. Se dijo a sí misma y a sus cuatro hijos que tuvieran paciencia mientras buscaba un trabajo mejor remunerado y una casa más grande.
“Se suponía que no iba a ser permanente”, dijo Coleman sobre el apartamento, y agregó que nada de lo que vio en el edificio parecía poner en peligro su vida. “No sabía lo mal que estaba”.
Coleman dijo estar enojada al saber que la municipalidad le falló a tantas familias en incendios donde los riesgos se conocían de antemano .
“La gente perdió a sus hijos o a miembros de su familia, o sus vidas cambiaron para siempre, debido a un incendio, debido a su negligencia”, dijo.
“Si sabían que esto estaba pasando, podrían haberlo evitado”, dijo. “Esto es política. Es el gobierno y ellos simplemente se salen con la suya”.
“No se puede ganar cuando estamos en las situaciones en las que nos encontramos”.
Coleman dijo que cuando ve imágenes de otros incendios en las noticias, no puede seguir mirando porque le trae recuerdos de sus hijos y el incendio que se los llevó.
“Todavía estoy tratando de superarlo”, dijo. “Cuando estaba con ellos, yo no estaba sola, éramos ellos y yo. Ahora estoy aprendiendo a estar sola”.
AnnMarie Hilton, Carolina González, Nicole Stock, Sahi Padmanabhan y Deborah Wilber, pasantes de BGA, contribuyeron con este informe
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Ellos murieron en edificios que la ciudad sabía que eran trampas de fuego.
Murieron en apartamentos sin detectores de humo, con cableados defectuosos y sin salidas suficientes.
Murieron en casas hacinadas y divididas ilegalmente en cuartos, y en edificios abandonados que la ciudad no demolió a tiempo.
Los bomberos luchan por apagar un incendio que mató a un niño de 10 años en un edificio en Hollywood Park en el 2014. Los inquilinos dijeron que no escucharon ninguna alarma contra incendios. (Steve Redick/Para el BGA)
Fannie Mae Thomas, 72
Apolonio Castellano, 69
Carliysia Clark, 15
Carlvon Clark, 13
Shamarion Coleman, 11
Eri’ana Smith, 7
Curtis Green, 57
Leron Scott, 60
Le’Andra White, 3
Ira Joe Wallace, 61
Mark D. England, 31
Adrian Hernandez, 14
Alanni Ayala, 3
Amayah Almaraz, 3 months
Ariel Garcia, 5
Cesar Contreras, 14
Estas son algunas de las 61 personas que perdieron sus vidas, víctimas de un sistema que privilegió los intereses de los propietarios por encima de la seguridad de sus inquilinos.
32 de las 61 víctimas. Haz click en las fotos para ver sus nombres, o haz click aquí para mostrar/esconder todos sus nombres.
Gialanni Ayala, 5
Nathan Contreras, 13
Giovanni Ayala, 10
Victor Mendoza, 16
Xavier Contreras, 11
Gus Frangos, 39
Annette Terrell (Nash), 38
John Terrell, 62
William Samuel Jackson Sr., 85
Ans Khan, 10
Kirk L. Johnson, 56
Madison Watson, 4
Melanie Rose Watson, 3 months
Shaniyaj Lanae Staples, 7
Derrick Owens Jr., 27
Kaitlynn Jeffries, 5
Fuego y Fracaso
They died in buildings the city knew were firetraps.
They died in apartments with faulty wiring and no smoke detectors and not enough exits.
They died in illegal and overcrowded rooming houses, and in abandoned buildings the city failed to tear down.
Firefighters battle a blaze that killed a 10-year-old child in a Hollywood Park building in 2014. Tenants said they heard no smoke alarms. (Steve Redick/For the BGA)
Fannie Mae Thomas, 72
Apolonio Castellano, 69
Carliysia Clark, 15
Carlvon Clark, 13
Shamarion Coleman, 11
Eri’ana Smith, 7
Curtis Green, 57
Leron Scott, 60
Le’Andra White, 3
Ira Joe Wallace, 61
Mark D. England, 31
Adrian Hernandez, 14
Alanni Ayala, 3
Amayah Almaraz, 3 months
Ariel Garcia, 5
Cesar Contreras, 14
These are some of the 61 people who lost their lives, victims of a failed system that put the interests of landlords above the safety of tenants.
32 of the 61 victims. Click on their pictures to see their names, or click here to show/hide all of their names.
Gialanni Ayala, 5
Nathan Contreras, 13
Giovanni Ayala, 10
Victor Mendoza, 16
Xavier Contreras, 11
Gus Frangos, 39
Annette Terrell (Nash), 38
John Terrell, 62
William Samuel Jackson Sr., 85
Ans Khan, 10
Kirk L. Johnson, 56
Madison Watson, 4
Melanie Rose Watson, 3 months
Shaniyaj Lanae Staples, 7
Derrick Owens Jr., 27
Kaitlynn Jeffries, 5
