Para reportar esta serie, el BGA y el Tribune identificaron por primera vez todos los incendios ocurridos en edificios residenciales en Chicago entre el 2014 y el 2019 que hayan involucrado víctimas fatales.

El Departamento de Bomberos de Chicago mantiene un informe anual de muertes acaecidas en incendios. Pero las reporteras encontraron muertes adicionales al revisar los registros de la Oficina del Jefe de Bomberos de Illinois y al buscar registros de muertes en Chicago en la oficina del médico forense del Condado Cook que incluyan la descripción “incendio de vivienda”.

Para ser incluido en la investigación, la causa primaria o secundaria de la muerte debe haber sido lesiones producto del incendio, el cual debió ocurrir dentro de una estructura utilizada como vivienda. También se incluyeron incendios con víctimas mortales en edificios abandonados que debieron haber sido reparados, tapiados o demolidos.

El Tribune y el BGA excluyeron los incendios que ocurrieron en edificios comerciales, vehículos u otras estructuras no utilizadas como viviendas. Otros incendios fueron excluidos porque las víctimas murieron antes del siniestro. Por ejemplo, se excluyó un incendio en el que una mujer murió de un ataque al corazón mientras fumaba un cigarrillo, que luego dio inicio al incendio.

En total, 140 incendios cumplieron los criterios durante el período examinado de seis años, los cuales causaron 170 muertes.

Para determinar si había deficiencias de prevención en los edificios al momento de los incendios, las reporteras solicitaron informes policiales y de bomberos para cada incidente. Además, el Tribune y el BGA solicitaron registros al Departamento de Edificios de Chicago que muestren todas las infracciones, inspecciones y quejas reportadas en cada propiedad, remontándose a 5 años antes del incendio.

En algunos casos, las reporteras también revisaron registros judiciales de demandas civiles, informes de médicos forenses y cobertura periodística. Las reporteras también realizaron entrevistas con sobrevivientes, familiares y propietarios de las viviendas.

Al revisar los registros iniciales, el objetivo de las reporteras era identificar el número de casos en los que los funcionarios de la municipalidad fueron advertidos previamente de problemas de prevención contra incendios que luego provocaron incendios fatales o que aumentaron el riesgo de que las víctimas murieran. Las reporteras excluyeron del análisis los incendios donde las infracciones graves de seguridad tuvieron un rol en las muertes, pero no hubo evidencia documentada de que los funcionarios de la municipalidad estuvieran al tanto de los problemas.

Al final, 42 de los 140 incendios fatales cumplieron con los criterios.

Cómo documentar problemas de prevención contra incendios

Hubo dos formas principales en que las reporteras confirmaron que existían problemas de prevención en los edificios donde ocurrieron los incendios fatales. Una forma fue si los bomberos informaron que una infracción (como un cableado defectuoso o falta de calefacción) había sido la causa certera o probable del incendio. La segunda fue si las entrevistas o los registros sobre el incendio revelaron infracciones de seguridad que podrían aumentar el riesgo de muerte, independientemente de cómo comenzaron los incendios.

Los problemas en el segundo grupo incluyeron salidas bloqueadas o falta de ellas, unidades hacinadas o ilegales, infracciones en los detectores de humo (si no funcionaban o faltaban por completo) y, finalmente, infracciones del Life Safety Evaluation en caso de rascacielos antiguos que no cuenten con rociadores. En la mayoría de los casos, los registros sobre los incendios mostraron que las deficiencias de seguridad contra incendios afectaron negativamente y de manera directa las posibilidades de que los residentes sobrevivan. En algunos casos, los registros no documentaron claramente si las deficiencias de seguridad contra incendios afectaron directamente a los residentes o la respuesta de los bomberos durante el incendio.

Para establecer las causas de los incendios, las reporteras revisaron los informes de investigación preparados por los bomberos y la policía.

A veces, los investigadores no llegan a una conclusión definitiva sobre la causa. En su lugar, los investigadores a menudo enumeran dos posibilidades. Por ejemplo, los bomberos pueden informar que han encontrado un dispositivo eléctrico cerca del área donde comenzó el incendio, pero luego afirman que necesitan de un ingeniero eléctrico para determinar si eso causó el incendio. Muchos casos se cierran con el hallazgo de que una “llama abierta” había prendido fuego a otros objetos, sin ofrecer más detalles.

En algunos casos, el determinar que no hubo negligencia criminal es suficiente para que los bomberos y policías cierren su investigación. Algunos incendios provocan daños tan graves que a los investigadores les resulta peligroso o imposible evaluar la escena.

Determinación del conocimiento previo de la municipalidad

Para determinar si los funcionarios municipales sabían de antemano de las deficiencias relevantes de prevención contra incendios, las reporteras revisaron las quejas presentadas a la línea 311 y los informes de inspección preparados por el Departamento de Edificios.

Las quejas al 311 son informes sin confirmar de posibles infracciones. En algunos casos, la municipalidad realizó una inspección y documentó si el problema existía o no. En otros, no hay registro de que la municipalidad haya realizado una inspección. Las reporteras concluyeron que la existencia de una queja era una prueba de que la municipalidad tenía conocimiento de un problema si habían también otros registros que confirmen que el problema aún existía al momento del incendio.

A veces no quedaba claro en qué lugar específico de un edificio había una infracción de prevención. La municipalidad a menudo censuró la ubicación exacta de la infracción, por ejemplo el número de un apartamento específico, en los registros que proporcionó. Los inspectores también informaron a menudo que no podían acceder a todas las partes de un edificio, lo que hacía imposible saber si una infracción presente en un área también existía en otro lugar. Si la propiedad tenía varias direcciones, como es común en algunos complejos, las reporteras consideraron las infracciones reportadas en cualquiera de esas direcciones.

Las reporteras incluyeron el caso si se descubrió que la infracción general de prevención contra incendios jugó un rol en el incendio. Un ejemplo sería si los inspectores encontraron que no había detectores de humo en el área común de un edificio y los bomberos luego encontraron que tampoco había detectores o que no funcionaban en un área diferente que fue afectada por el incendio.

Las reporteras crearon una base de datos con todas las quejas recibidas en los edificios que sufrieron cada uno de los 42 incendios en los que se determinó que la municipalidad sabía de antemano de las deficiencias de prevención. Para esa base de datos se usaron los registros del Departamento de Edificios, ingresando las quejas recibidas entre el 2009 y las fechas de los incendios. Las reporteras ingresaron manualmente la información de cada queja en una hoja de cálculo, anotando la fecha de la solicitud, una descripción del problema y su resolución.

Cuando las infracciones son documentadas por los inspectores, hay tres opciones de fiscalización. La opción menos severa es enviar una carta de advertencia al dueño de la propiedad señalando las infracciones. Esta opción no lleva a una segunda inspección o a multas por incumplimiento, y las periodistas no consideraron una carta de advertencia como evidencia de que se resolvió un problema.

Las otras dos opciones son remitir las infracciones al Departamento de Audiencias Administrativas o presentar un caso ante el Tribunal de Circuito, de lo que se encargan los abogados del Departamento Legal de la municipalidad. Cuando las infracciones terminaron en una audiencia administrativa o frente a un tribunal, las reporteras solicitaron la documentación entera de cada caso. Las reporteras concluyeron que una infracción no había sido resuelta si la municipalidad no proporcionó documentos que muestren que los inspectores verificaron las reparaciones antes del incendio.

Detectores de humo

En Chicago, la ley dice que la responsabilidad de instalar detectores de humo en las áreas comunes y en las unidades de apartamento de un edificio recae sobre los propietarios. Los inquilinos están a cargo de cambiar las baterías según sea necesario. Sin embargo, los propietarios pueden ser citados si los inspectores encuentran detectores de humo sin baterías dentro de los apartamentos de sus inquilinos.

Las reporteras evaluaron la presencia de detectores de humo en funcionamiento en cada uno de los 140 incendios fatales. A menudo, los informes proporcionaron información incompleta o contradictoria. Por ejemplo, en un informe, los funcionarios registraron que no había detectores y luego que sí los había. En el mismo informe, los bomberos afirmaron que no escucharon ningún detector de humo cuando llegaron a la escena.

Para hacer frente a estas discrepancias, las reporteras revisaron otras fuentes de información sobre cada caso, dándole más peso a las declaraciones de personas a las que se hace referencia en informes oficiales o que fueron entrevistadas por las reporteras. En el caso anterior, por ejemplo, las reporteras concluyeron que no había detectores de humo en funcionamiento porque los bomberos dijeron que no escucharon las alarmas.

En los casos en que las autoridades informaron que en un edificio había algunos detectores de humo en funcionamiento, pero que otros faltaban o no funcionaban, las reporteras registraron la presencia de detectores de humo como “parcial”.

Analizando las soluciones a las quejas

El Tribune y el BGA enviaron una solicitud de acceso a la información pública al Departamento de Edificios para obtener datos sobre infracciones “graves” en toda la ciudad entre el 2014 y el 2019. La definición de “grave” proviene de las reglas de la municipalidad establecidas para identificar a malos propietarios. Las reporteras utilizaron esta base de datos para analizar el paso con el que los inspectores marcaron las infracciones como solucionadas.

La base de datos incluía dirección y código postal, barrio, código de infracción, estatus, tipo de inspección y recomendación del supervisor. El estatus de las infracciones tenía dos opciones, pendiente o resuelta Luego habían tres opciones de recomendación: enviar una carta de advertencia, remitir la infracción al Departamento de Audiencias Administrativas o presentar una demanda frente al Tribunal de Circuito del Condado Cook.

El Tribune y el BGA también utilizaron la base de datos para comparar la tasa de infracciones resueltas en áreas principalmente blancas de la ciudad con áreas que no lo son. Para hacer esto, las reporteras unieron datos por código ZIP proporcionados por la municipalidad con los datos sobre raza y origen étnico proporcionados por el censo, a través del U.S. Census Bureau by ZIP Code Tabulation Area, en inglés. Se consideró que un código postal era mayoritariamente blanco si más del 50% de las personas que vivían allí informaban que eran blancas y también informaban no ser hispanas.

Análisis de las Audiencias Administrativas

Para evaluar la eficacia del Departamento de Audiencias Administrativas en garantizar que se solucionen las infracciones en los edificios, el BGA y el Tribune llevaron a cabo un análisis a profundidad de 50 casos administrativas relacionadas a los edificios afectados por los 42 incendios. Algunas de las propiedades enfrentaron múltiples casos de audiencias administrativas mientras otras no tuvieron ningún caso.. Las violaciones en estos procesos no se relacionaban exclusivamente con la prevención contra incendios.

Para analizar los 50 casos, las reporteras presentaron solicitudes de acceso a la información pública para obtener el archivo completo de cada proceso, incluyendo las grabaciones de audio de cada audiencia. Luego revisaron todos los registros para determinar la cantidad y el tipo de infracciones en cuestión, la cantidad de audiencias, las razones expuestas para otorgar cualquier aplazamiento, cualquier orden o intento de reinspección y el estatus final de cada infracción. Este análisis incluyó información sobre cómo la ciudad verificó que el dueño de la propiedad haya efectivamente solucionado las infracciones.

Las reporteras consideraron que un caso había sido cerrado sin cumplir con las reparaciones cuando los dueños admitieron no haber solucionado una o más infracciones, y la municipalidad cerró el caso de todos modos. A veces, esto ocurrió porque los propietarios optaron por pagar multas o los abogados de la municipalidad acordaron ignorar algunas infracciones a cambio de que el propietario solucionara los problemas más graves. En otros casos, no está claro por qué la ciudad cerró los casos antes de que se solucionaran los problemas.

La revisión del BGA-Tribune descubrió que es una práctica común que los jueces administrativos acepten pruebas presentadas por los propietarios, tales como fotos, recibos de compras y declaraciones solicitadas a sus inquilinos. Para los jueces administrativos, esto es evidencia de que las reparaciones necesarias fueron hechas, sin necesitar de verificar luego esa información a través de inspecciones en persona. El BGA y el Tribune no consideraron la documentación proporcionada por los propietarios como evidencia de que se haya solucionado el riesgo de incendio..

La lista de malos propietarios

Una ordenanza de 2015 creó una lista de propietarios “malos” o “problemáticos” a los que se excluiría de firmar contratos con la municipalidad hasta que corrijan las infracciones en sus edificios. Las autoridades publicaron la lista sólo dos veces antes de abandonarla al año siguiente.

Un total de 44 edificios y sus propietarios fueron incluidos en la lista antes de que la ciudad dejara de usarla.

Para determinar cuántos edificios más podrían haber incluidos en la lista si la ciudad hubiera continuado actualizándola, las reporteras comenzaron por revisar una base de datos pública sobre audiencias administrativas y sus resultados.

Según la ordenanza, un edificio y su dueño calificaban para ser incluidos en la lista si:

◘ El edificio fue objeto de al menos dos casos administrativos en dos años.

◘ En cada uno de esos casos, los jueces administrativos determinaron que los propietarios eran culpables o responsables de al menos una infracción.

◘ De todas las infracciones incluidas en los dos o más casos, hubo al menos tres infracciones “graves”, según se definen en las normas de la municipalidad.

◘ Una de las infracciones por la que el propietario fue encontrado responsable calificaba como una infracción “grave”.

Si bien la municipalidad dice que utilizó la misma base de datos que las reporteras para determinar qué edificios calificaban para la lista de malos propietarios, es imposible identificar todos los edificios que ameritan inclusión basándose únicamente en esa información.

Esto se debe a que los casos administrativos a menudo abordan más de una infracción, y los registros revisados ​​por el Tribune y el BGA muestran que los resultados de cada infracción a menudo varían. Sin embargo, la base de datos no incluye los resultados individuales de cada infracción, sino que muestra sólo una disposición general para todo el proceso administrativo.

Por ejemplo, un caso administrativo puede contener cinco infracciones. Si una de esas infracciones se cerró con un hallazgo de responsabilidad contra el propietario pero las otras infracciones fueron desestimadas, la base de datos mostraría que el propietario fue hallado responsable por todo el caso. Es imposible saber cuántas infracciones estaban justificadas sólo a partir de esta información.

El Tribune y el BGA usaron la base de datos para estimar cuántos edificios podrían haber calificado para la lista.

Las reporteras comenzaron identificando edificios donde más de un caso administrativo fue resuelto con un hallazgo de responsabilidad contra el propietario en un período de dos años. Luego, las reporteras eliminaron conjuntos de casos con menos de tres violaciones graves en total.

Esta revisión mostró que cientos de edificios cumplieron con las tres primeras reglas de la ciudad para ser incluidos en la lista . Sólo una revisión de los documentos de cada caso administrativo podría determinar la cantidad de edificios que cumplen con el criterio final: un hallazgo de responsabilidad para al menos una infracción grave.

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